La
toma de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico por los estudiantes,
la interrupción de homenajes legislativos a terroristas confesos, las
manifestaciones en el Capitolio, la fijación de carteles y murales, las manifestaciones
al tope de las grúas de sus proyectos de construcción ilegales, los campamentos
de desobediencia para detener los proyectos, los piquetes kilométricos e
interminables, los cortes de ruta, la
construcción de barricadas, los sit-ins en las carreteras y en las oficinas de
gobierno, las marchas, los micro-mítines, los espectáculos musicales para los
que improvisadamente tomábamos las calles, son solo un muestreo de las tácticas
que utilizábamos, y seguiremos utilizando. Más ahora que el soberano se dispone a prohibir la protesta radical para siempre.
Ante
nuestro derecho a la expresión, la protesta y a la desobediencia, se han
erguido siempre leyes y reglamentos que pretenden limitar nuestro accionar
político. El Reglamento de Estudiantes
de la Universidad de Puerto Rico, las Leyes de Tránsito, las resoluciones
administrativas, y otras fuentes legales normativas siempre han pretendido limitar el derecho a la manifestación civil. Por supuesto, con sus
sanciones, y sus cuerpos paramilitares para servir de intermediarios en el
diálogo unilateral impositivo. La Masacre
de Ponce, el Carpeteo, la Ley de la Mordaza, entre otros hechos históricos, han
marcado el camino de la criminalización de la protesta en Puerto Rico.
En
las Escuelas de Derecho, ante las imágenes de los estudiantes de derecho
sentados en el Expreso las Américas, alguno que otro estudiante se preguntaba:
“¿Qué clase de estudiante de derecho entiende que está bien violentar la ley y
el reglamento de estudiantes?”. Soñaba
con un mundo libre de protesta, mientaras en la Legislatura, también se deseaba
la paz de los sepulcros.
En
otoros foros, lxs académicxs [los y las que se atreven], discutían sobre la
criminalización de la protesta. Un señor
calvo, argentino de procedencia, desde un foro sobre el tema celebrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana sentenciaba: “Cuando las vías
institucionales fallan, hay que hacer reclamos por vías no institucionales,
tales como la protesta”.
Se llamaba Eduardo Bertoni, y es
profesor en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Nos advertía que la criminalización de la
protesta no era el monopolio de ningún país, sino que era un fenómeno
global. Me acordaba a Juan Pablo
Mañalich Raffo, mi profesor de derecho penal, vestido en sus skinny jeans rojos, explicando por qué es que uno de
los principios fundamentales del derecho penal, es que es la ultima ratio: “Cuando todos los controles sociales del estado
fallaron, debe entrar el derecho penal. Pero cuando la última opción termina
siendo la primera razón de control social, empezamos a navegar en un estado de
derecho que cruza la raya hacia el autoritarismo, y eso es muy peligroso para
nuestras sociedades”, dijo Bertoni.
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