Amanecía a las 6 a.m. y el sol candente te daba la sensación de
que te derretías en la caseta. Los días
pasaban, y se había establecido un campamento de desobediencia civil que era
frecuentado y servía en muchas ocasiones de punto de reunión para el movimiento
estudiantil, que en ese entonces también libraba una lucha en la Universidad de
Puerto Rico. La huelga del Comité
Universitario Contra el Alza, comenzó a principios de abril de 2005 y se
extendió fácil hasta principios de mayo.
Los días se nos iban entre la universidad y el campamento y el pelo se me enredaba en dreadlocks. Allí, en el camp, conocimos al Lcdo. Saade
Llorens, y la Lcda. Fontánez Torres, quienes llevarían nuestro caso ante los
tribunales. Nunca imaginé que años
después tendría el honor de trabajar con ellos.
Resulta que había un chanchullo,
más allá del hecho de que se quisiera construir en la Zona Marítimo Terrestre.
Los terrenos habían sido cedidos por la Autoridad de Tierras a la
Corporación de Fomento Recreativo, para formar parte del balneario público del
Pueblo de Carolina. La Corporación de Fomento Recreativo(hoy Parques
Nacionales) había cedido el usufructo sobre los predios al Municipio de
Carolina, para ser usados a los mismos fines: balneario público.
Así las cosas, varios años después, el Municipio de Carolina, y
Fomento Recreativo, habían suscrito un contrato de arrendamiento con
Desarrollos Hoteleros de Carolina, Inc. Así
se variaba el uso del terreno: ahora
seria un hotel privado. El contrato
enajenaba la playa a perpetuidad, disponiendo para un alquiler de 99 años [no
dijeron 100 por eso de guardar las apariencias]. No se llevó a cabo una Consulta de Transacción
Pública en la Junta de Planificación, como lo requería la ley, ni tampoco se
deslindó el terreno para delimitar la Zona Marítimo Terrestre. El contrato tampoco se presentó en la Oficina
del Contralor de Puerto Rico. Surgía, a
todas luces, que el contrato era nulo.
Eventualmente el arrendamiento pasaría a manos de HR Properties,
Inc., y la nuda propiedad sobre los terrenos pasaría al Municipio de
Carolina. Sobre el contrato de
arrendamiento nulo, HR Properties, Inc., constituyó una hipoteca
multimillonaria. Sin permisos, comenzó a construir. Posteriormente, la compañía
desarrolladora [¿?] gestionó su
papeleo.
La Junta de Planificación,
ARPE, y la Junta de Calidad Ambiental, aprobaron las obras, sin efectuar
estudio ambiental alguno, sin siquiera consultar a los vecinos, y sin tomar en
consideración el hecho de que la zona era una de anidaje de Tinglar. Era curioso. El
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, negaba el valor ecológico del
terreno, y negaba que fuera zona de anidaje de tinglar. Quienes se supone velaran por nuestros
recursos naturales claudicaron su deber ministerial, al nivel de decir que eso
no valía nada, que no se veía un tinglar por todo aquello en más de diez años.
Cuando ocupamos el espacio, las relaciones eran tensas. La Policía ubicaba a sus francotiradores en
el estacionamiento multipisos del Hotel, y apuntaban a las multitudes que se
congregaban en protesta. Don Benito,
Miguel Villa, Tiburón, Tintorera, Delfín, muchos y muchas otras, le hicimos
frente a la represión. Durante el día
explicábamos a los turistas: “HOTEL MARRIOTT ARE ENVIRONMENTAL CRIMINALS”. Habíamos declarado eso un territorio
libre.
No llevábamos una semana en la playa cuando llegó un tinglar a la orilla,
dispuesto a desovar. Los guardianes de Recursos Naturales, lo espantaron con sus four-tracks. La
complicidad del gobierno con el capital no podía estar más clara.
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