No
faltan quienes, en su afán punitivo, lanzan epítetos a los manifestantes; les llaman “terroristas” y citan alguna
disposición de la “Ley Patriota” sobre la obstrucción de las vías públicas;
hacen llamados abiertos a la intervención de los mecanismos represivos del
Estado, y la aplicación de “todo el peso de la ley a quienes cometen actos
ilegales y criminales”. Los actos
criminales a los que se refieren, no son asesinatos, ni robos, ni asaltos, ni
hurtos. Se refieren a la protesta. Plantea Habermas sobre este asunto que:
“La desobediencia civil deriva
su dignidad de esa elevada aspiración de legitimidad del Estado democrático de
derecho. Cuando los fiscales y los
jueces no respetan esa dignidad, persiguen al que quebranta la norma como si
fuera un criminal y le penan de la forma habitual, incurren en un legalismo
autoritario. Presos de un
concepto de Estado derivado de relaciones jurídicas convencionales y
premodernas, ignoran y empequeñecen los fundamentos morales y la cultura
política de una comunidad democrática desarrollada.”[1]
La
criminalización es algo complejo, y ha sido perfeccionado por los poderes de facto. La suspensión injustificada de vistas hace
que los activistas pierdan días de trabajo y de estudio. Si no consiguen abogados o abogadas
solidarias, el costo del activismo puede elevarse exponencialmente, por lo que
en ocasiones los propios representantes legales, le pueden hacer el juego al
enemigo (afortunadamente en Puerto Rico,
la solidaridad es imperante en la clase togada).
La
obediencia irreflexiva, mata el espíritu crítico hacia la vida diaria, que nos
debe guiar a todos y a todas en nuestro accionar. Habermas en su ensayo titulado
“La desobediencia civil: Piedra de toque del estado democrático de derecho”
plantea que “la obediencia a la ley tiene que darse de un
reconocimiento reflexivo y, por lo tanto voluntario, de aquella aspiración
normativa a la justicia que late en todo ordenamiento jurídico”[2]. La Ley se legitima en la medida en que avanza
hacia esa aspiración “normativa a la justicia” que se presenta históricamente
como un camino largo y azaroso:
“Visto desde una perspectiva
histórica, el Estado de derecho aparece en su conjunto no como una construcción
acabada, sino como una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer
o conservar, a renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en
circunstancias cambiantes.”[3]
La visión del Estado de derecho como una
empresa cambiante y en evolución constante es lo que justifica el llevar a cabo
acciones concertadas en las que se violentan o quebrantan normas abiertamente,
a manera de protesta, para poner en tela de juicio públicamente la legitimidad
de las normas en específico, acciones del Estado, o del Estado en sí (¿por qué
no?).
Una
cultura política madura reconoce, según este autor, que la desobediencia civil
es necesaria, para hacer avanzar el Estado de derecho. Parafraseando a Roberto
Gargarella, existen grupos específicos
dentro la sociedad que viven en situaciones de “enajenación legal” y carencia
de aún los elementos más básicos necesario para suplir las necesidades de la
existencia humana (techo, comida, abrigo, educación). Sus males, son
ocasionados por el orden legal, y permitidos por el Estado de derecho. Alega el
profesor de la Universidad de Buenos Aires, que estos grupos marginados no
tienen un deber general de obedecer al derecho, en la medida en que éste forma
parte de la causa de sus vejámenes, y que ciertas formas de resistencia
deberían serles vistas como permisibles.[4]
También,
plantea el autor, que estos grupos “tienen el derecho de explorar avenidas
no-tradicionales para canalizar sus protestas (por ejemplo, a través de cortes
de ruta, como suele ocurrir en América Latina), de modo tal de forzar al Estado
a atender sus intereses fundamentales- intereses, otra vez, que el Estado
ignora y viola de modo sistemático”.
Todas estas formas deben serle admisibles a los grupos oprimidos para
poner en entredicho las órdenes, leyes o políticas que causan o fortalecen su
situación de opresión. [5]
En
el “macro” del contexto político puertorriqueño, la situación es igual de
grave. El estado de alienación legal y
política en que vive un gran sector de la población se hace evidente en el
hecho de que las tres ramas del gobierno han sido copadas por el mismo partido
político, así inhabilitando el sistema de pesos y contrapesos que es esencial a
la efectiva fiscalización de las acciones gubernamentales. También, el gobierno de turno esgrime un
discurso de mayorías cuyo fin es
minimizar, invisibilizar y callar la voz del “otro”, de la oposición y la
disidencia política, por medio de la violencia institucional y física.
En
alguna ocasión he planteado que si mediante las estructuras que provee el
Derecho positivo se hace imposible la fiscalización efectiva de las acciones
institucionales, es indispensable la presencia de un país entero dispuesto a
quebrantar todos los supuestos legales cuyo fin sea el preservar dichas
estructuras ineficientes. Es
indispensable el tener un pueblo, que reconozca que no es solamente un derecho,
sino que es un deber ciudadano el moverse en el área gris entre la legalidad y
la legitimidad y resistir por todos los medios necesarios hasta tanto sus
reclamos de justicia y bienestar social sean escuchados y efectivamente
satisfechos. A fin de cuentas, repito las palabras de Nicole: con esos
fascistas, nos veremos en la calle.
[1] Habermas, Jurgen. “La desobediencia
civil: piedra de toque del estado democrático de derecho” en Ensayos
Políticos. p. 90 (Ediciones Península, 2002).
[2] Id. p. 81
[3] Id. p. 85.
[4] Gargarella,
Roberto, El Derecho de Resistencia en situaciones de carencia extrema,
Astrolabio. Revista internacional de filosofía. Año 2007. Núm. 4. ISS
1699-7549.
[5] Id. p. 20-22
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