SAN JUAN, PUERTO RICO-
Luego de dos años desde que los estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico (UPR) recesaran las huelgas estudiantiles que detuvieron las labores en el
principal centro docente del país por meses,
la cuota de $800, que fue una de las causas principales del conflicto,
fue eliminada por la Junta de Síndicos de la institución. Las redes sociales estallaron en la isla y el
exterior mientras los estudiantes se ponían de acuerdo para celebrar en el
pueblo de Río Piedras.
La retrasada victoria del movimiento
estudiantil en la UPR, así como la reciente victoria de los estudiantes en
Quebec, se levanta como testimonio indiscutible de que los movimientos sociales
que se nutren de la militancia, la creatividad, y el respeto a la diversidad
puede ser victorioso, aún contra los gobiernos neoliberales más rapaces.
Para algunos comentaristas la lucha de la
UPR es un presagio de lo que le espera a la isla. Antonio Carmona Báez, antiguo profesor del
Departamento de Ciencias Políticas de UPR, y actual profesor de la Universidad
de Ámsterdam, comenta sobre una foto tomada por los estudiantes huelguistas,
quienes alzan sus puños izquierdos y sostienen una bandera roja que lee “Vencimos”:
“Estos y estas son míos, digo, me
identifico con ellos; son los mejores de mi país. Son las y los estudiantes que
lucharon, que estaban dispuestos a dar sus vidas para futuras generaciones; los
que enfrentaron la tiranía y la mentira neoliberal, los que defendieron con
coraje a la educación publica. La victoria vino casi dos años después. Adelante
compas, adelante, ayer tomaron el Recinto de Río Piedras, hoy a tomar el país.”
El movimiento estudiantil de la UPR, como
lo conocemos hoy, comenzó en 2005 con una huelga estudiantil que se extendió
por más de un mes en la cual los estudiantes se oponían a un alza en las
matrículas. En ese entonces, los
estudiantes lograron obligar a la administración a implementar una prórroga en
los pagos para ayudar a los estudiantes que no pudieran cumplir con el
encarecimiento de los costos educativos.
Durante los años del 2005 al 2009, los
estudiantes de la UPR estuvieron activos en diferentes frentes, particularmente
en defensa del Teatro de la UPR de las iniciativas privatizadoras de la
administración universitaria, reclamando la apertura de más cursos y secciones
y reclamando la ampliación de la oferta académica. También se destacaron cuadros estudiantiles
en la defensa de la Sala de Reserva de la Facultad de Ciencias Sociales,
espacio de estudio para los estudiantes de esta facultad. Todo ello, en adición a la solidaridad
indiscutible con el profesorado y los trabajadores y trabajadoras de la UPR, en
sus reclamos por mejores condiciones de trabajo. De igual manera, los y las estudiantes fueron
indispensables en la huelga de la Federación de Maestros de Puerto Rico en
2008, cuando éste, uno de los sindicatos más militantes de la isla, se batía
con el gobierno anti-obrero en la negociación de un convenio colectivo para los
trabajadores del sistema educativo público de la isla.
La más reciente ola de estudiantes
militantes originalmente se comenzó a organizar para resistir la política
neoliberales del Gobernador de Turno, Luis Fortuño Burset, anexionista de
extrema derecha y republicano, que ganó las elecciones coloniales en la isla en
el año 2008. En 2009 decretó un “estado
de crisis financiera” para recortar el gasto gubernamental echando a la calle a
más de 20,000 empleados públicos y congelando todos los convenios colectivos
vigentes con éstos.
Mientras las políticas neoliberales
prometían sumir a la isla en una crisis social sin precedentes, el movimiento
estudiantil se comenzó a reorganizar.
Las organizaciones políticas socialistas y estudiantes no organizados se
dieron a la tarea de organizar los Comités en Defensa de la Educación Pública,
el Comité Contra la Homofobia y el Discrimen, los Comités de Acción y otros
colectivos, que habrían de hacer frente al neoliberalismo, no solamente en la
universidad sino con una perspectiva a nivel macro en vías de la organización
de una huelga general con los sindicatos de trabajadores y demás sectores de la
sociedad civil.
Lograron llevar a cabo un paro nacional de
24 horas que fue una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos
años. El gobierno ordenó el cierre de la
Universidad intentando poner un alto a la efectividad de la movilización del
militante sector estudiantil. Luego de
ello, los burócratas sindicales colaboracionistas, se retiraron de la idea de
una huelga más prolongada. Los
estudiantes entonces se volvieron a la UPR y la crisis de la educación pública
superior.
El presupuesto de la UPR había sido
recortado por 300 millones de dólares en los últimos diez años. Esto ocasionó un déficit de sobre 200
millones de dólares. Los administradores
universitarios recibían salarios de lujo mientras degradaban las condiciones
laborales de todos los sectores de la comunidad universitaria incluyendo el
profesorado, el personal clerical y de mantenimiento. Para los y las estudiantes esto implicaba el
deterioro de sus condiciones de estudio y una reducción de la oferta académica de
la institución. Para colmo la
administración intentó eliminar las exenciones de matrícula a los estudiantes
atletas y los estudiantes de honor. Se
hablaba de la imposición de alzas en los costos de las matrículas y también se
rumoraba la privatización de propiedad universitaria a través de esquemas de
alianzas público privadas. Ya para este
entonces los y las estudiantes y sus aliados estaban preparados para dar la
lucha.
Los estudiantes organizados fueron a las
bases con dos tareas principales: la
información y la acción directa y militante.
Organizaron piquetes, marchas, reparticiones de boletines, paneles, foros,
muestras de documentales, lanzaron pancartas y cruza-calles de edificios y
puentes, pintaron murales, enviaron cartas, y ocuparon edificios. Ya para abril de 2010 el Recinto de Río
Piedras, en una asamblea de sobre 6,000 estudiantes, decretó la huelga
estudiantil. Esta huelga pronto se
extendió a diez de los once recintos universitarios de la UPR y duró hasta
mediados del verano de 2010.
Los estudiantes huelguistas recibieron
apoyo masivo de los sindicatos, los grupos comunitarios, religiosos y
otros. A través de la huelga se logró
la preservación de las exenciones de matrícula a los estudiantes destacados y
los atletas. También se obtuvo un
acuerdo de la Junta de Síndicos de la UPR en que ésta se comprometía a no
privatizar la propiedad de la Universidad y a conceder una amnistía general a
los estudiantes y trabajadores que habían participado en la huelga. Los estudiantes habían ganado una batalla más
no la guerra.
Durante el primer semestre del año
académico 2010-2011 la Junta de Síndicos de la UPR insistió en imponer una
cuota de $800 a cada estudiante. En la
legislatura se promovieron y aprobaron leyes imponiendo restricciones a las
asambleas estudiantiles y prohibiendo las huelgas en la Universidad. Los comités de base aún estaban activos
organizando protestas contra las últimas afrentas anti-universitarias.
Bajo presión de las agencias acreditadoras
de las universidades y de la administración de la UPR, se celebraron tres
asambleas estudiantiles. Los estudiantes
eligieron un comité negociador para intentar prevenir una huelga, enviaron
cabilderos a la legislatura para intentar obtener fondos recurrentes para la
universidad, y celebraron un referéndum estudiantil en que 98% del cuerpo
estudiantil se opuso a la imposición de la cuota.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Puerto
Rico decretó
la constitucionalidad de las leyes inconstitucionales que prohibían las manifestaciones
estudiantiles. Luego la policía ocupó el
Recinto de Río Piedras de la UPR por primera vez en sobre 30 años. La policía ocupó todos los recintos que
amenazaron con irse a la huelga e implementó una moratoria a todo tipo de expresión
pública dentro de los campuses. En la
medida en que la administración de la UPR no cedió, se decretó una segunda huelga
que comenzó el 14 de diciembre de 2010.
Los estudiantes tenían todo en su contra
pero siguieron adelante. Implementaron
su voto de huelga mediante marchas de miles de estudiantes durante las cuales
eran seguidos de cerca por la policía.
Desde las unidades de arrestos especiales, hasta las divisiones montadas
y los francotiradores. En ocasiones, al
ser echados de la Universidad, los estudiantes tomaban las calles.
Más temprano que tarde, la prensa
estudiantil denunciaba que desde el inicio de la huelga se había establecido
una mordaza a la expresión no sólo en la Universidad, sino también en las
protestas callejeras, las cuales eran brutalmente intervenidas por la fuerza
pública. Era evidente que se había sustituido
el diálogo con la violencia. Mientas
algunos estudiantes eran arrestados por repartir hojas sueltas, algunos
profesores obligaban a sus estudiantes a tomar sus pruebas de fin de curso en
un Recinto tomado por la policía, entre gases lacrimógenos y manifestaciones
estudiantiles.
Durante
el mes de enero de 2011 el movimiento estudiantil practicó jornadas de
desobediencia civil para implementar la huelga.
Más de trescientos estudiantes y compañeros y compañeras solidarias se
prestaron para ser arrestados por defender su derecho a una educación
universitaria pública, accesible y de excelencia. La fuerza excesiva de los oficiales de la
policía fue contrarrestada con la resistencia activa de los grupos de apoyo de
los desobedientes civiles.
Ya para
el mes de febrero, el nuevo semestre académico comenzó con un sal pa’ fuera, en que los estudiantes entraron
en sus salones de clases, solamente para salir de ellos y encontrarse para
realizar una marcha masiva, que terminó en un impasse, en que una cadena humana
de profesores y trabajadores de la universidad se paró entre los estudiantes y
la policía evitando un derramamiento de sangre.
El
segundo día de clases los estudiantes contrarrestaron los ataques de la policía
con gas pimienta y les hicieron retroceder en una marcha espontánea de cientos
de universitarios y universitarias militantes que gritaban “Fuera, fuera, fuera policía”.
El
tercer día de clases la policía intervino con los estudiantes mientras pintaban
una calle denominada “Calle Conciencia” dentro del campus de Río Piedras. Luego de ello no quedaba ni un ápice de miedo
entre las filas del movimiento estudiantil.
Los estudiantes batallaron con ahínco.
La policía se retiró y luego volvió.
Los
estudiantes, luego de dos años casi ininterrumpidos de lucha, decidieron
recesar la huelga en una asamblea general efectuada a finales de febrero de
2011. Conscientes de que la lucha se daba a largo plazo organizaron una lectura
ininterrumpida de Cien Años de Soledad
de Gabriel García Márquez.
Desde
entonces en los actos de graduación de la UPR mientras el Presidente de la
Universidad ofrecía su discurso, la mayor parte de los estudiantes le daba la
espalda tal y como éste les dio la espalda durante los últimos años. Desde la culminación de la huelga hace casi
dos años algunos de los estudiantes pudieron sufragar los costos de sus
matrículas con ayuda de una beca aprobada por la legislatura presionada por los
estudiantes. Muchos estudiantes fueron
expulsados por su participación en las huelgas.
Ahora,
luego de la materialización de las predicciones de los estudiantes respecto al
plan del gobierno de reducir el tamaño de la universidad pública más importante
del país, la nueva mayoría legislativa comenzó este cuatrenio respondiendo a los
reclamos de los estudiantes mediante la asignación de fondos recurrentes a la
UPR tal y como se les había propuesto desde un principio.
La Junta
de Síndicos de la UPR correspondió con un voto unánime eliminando la cuota de
$800 que casi duplicó los costos de la educación universitaria en Puerto Rico
por los últimos dos años. Es la primera
vez en la historia que se ha derogado un alza en los costos de los estudios en
la isla más los estudiantes están conscientes de que queda un largo trecho por
andar. No habrá descanso para el
movimiento estudiantil de la UPR hasta tanto los estudiantes expulsados sean
readmitidos en la Universidad.
Los
estudiantes también están convencidos de que hacen falta cambios estructurales
en la institución, y que estos cambios
únicamente pueden lograrse a través de una verdadera reforma universitaria
desde abajo, que convierta al principal centro docente en una institución
verdaderamente autónoma y democrática. Varias organizaciones estudiantiles han
dejado claro que no se detendrán hasta tanto la educación pública universitaria
sea declarada un derecho, y no un privilegio; hasta tanto se promueva el acceso
de la clase trabajadora y otros sectores marginados al cuerpo estudiantil, y
hasta tanto la educación sea liberada de las manos invisibles de la economía de mercado para ser entendida como
un proceso de emancipación del ser humano y para alcanzar la construcción de
una nueva sociedad.
Aún, en nuestra alma mater, se escuchan las
sirenas sonando y un coro uniforme de estudiantes que resuena: “no nos pararán, el que no crea que haga la
prueba”.
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