“Pescadores...han encontrado, al recoger la pesca, cadáveres o restos humanos en sus redes.”(Rojas, p.259) De experiencias tan horrorosas como ésta se llenaron las vidas de millones de ciudadanos Latioamericanos cuando durante los años 60, 70 y hasta los 80, los gobiernos que estaban a la cabeza de casi todas las naciones de América recurrieron a la eliminación de toda oposición política por medio de la “desaperición” forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de más de ún millón de personas.
Según algunos documentos de Amnistía Internacional, “Ocurre una 'desaparición' cuando existen motivos para creer que una persona ha sido privada de libertad por agentes del Estado y las autoridades niegan tal privación de libertad, ocultando su paradero y su muerte”. (p. 13) Las ejecuciones extrajudiciales son los homicidios ilegítimos, cometidos por órden del gobierno o con su consentimiento. Al examinar la prueba de que estas practicas han sido llevadas a cabo en gran escala, y en muchas ocasiones en conjunto, entre diversas naciones de América, podríamos proceder a algunas acusaciones que se acerquen más a la magnitud del crimen perpetrado. Cabe la palabra “genocidio” entendida como los actos cometidos con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso , como tal... lo que incluye la matanza de miembros del grupo, causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo... ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra”(p.112).
Las “desapariciones” que usualmente son seguidas por torturas y ejecuciones extrajudiciales no solamente eran condenadas en muchos casos por las propias leyes de los países en que fueron cometidas sino que desde la creación y aprobación de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” el 10 de diciembre de 1948 fueron declaradas violaciones al derecho internacional. El Artículo 3 de esta declaración asegura que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el Artículo 5 prohibe las torturas proclamando que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; por último, en el Artículo 9 se declara que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”(p. 237). Los artículos de la Declaración eran presentados “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”; los presidentes y jefes de estado en las naciones en cuestión, se esforzaron por alejarse de ese ideal.
Por la forma violenta y fuertemente armada en que muchos de estos dictadores tomaron el poder y lo mantuvieron, se puede considerar que crearon un ambiente de conflicto armado de carácter nacional, por lo dicho, tendrían que cumplir con el protocolo estipulado en los Convenios de Ginebra, el primero de los cuales fue celebrado el 12 de agosto de 1949. Los cuatro Convenios de Ginebra comparten el Artículo 3 y el Artículo 4. En estos artículos se prohiben los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio; las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; y los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes (pp.274-275). Tampoco cumplieron con los Convenios de Ginebra.
En el presente, y en parte por las atrocidades cometidas por los dictadores militares en America Latina y en el mundo entero, el derecho internacional presenta otros documentos esenciales que sirven para el enjuiciamiento de las personas que contribuyen con las prácticas de la “desaparición forzada” y las ejecuciones extrajudiciales. En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los “Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias” prohibiendo lo que aquí definimos como ejecuciones extrajudiciales. Y en 1992, el mismo cuerpo de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzosas” prohibiendo las acciones que aquí hemos definido como “desapariciones” forzadas.
Las investigaciones hechas sobre los hechos ocurridos por América Latina durante en las postrimerías del Siglo XX pueden llevarnos al horror por el morbo involucrado en las prácticas que llevaban a cabo agentes gubernamentales. Sobre todo, por las similitudes en los métodos y razones utilizadas para llevar acabo las “desapariciones” forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante las dictaduras militares en América Latina podríamos inferir que éstas estaban vinculadas entre sí por su deseo de crear una hegemonía capitalista por medio del genocidio de los grupos de oposición a dicho sistema y a los gobiernos que lo propulsaban.
Por lo extenso del tema, al tratarse de muchos gobiernos que incurrieron en las mencionadas violaciones a los derechos humanos, escogeremos los que nos parecieron más crueles en sus acciones. Estudiaremos los casos de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile vinculada con la dictadura de Juan Domingo Perón en Argentina por su participación en la llamada “Operación Cóndor”. El “Operativo Cóndor” es el “nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados 'izquierdistas', comunistas y marxistas, que se estableció... entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región” y en otras partes del mundo(Boccia, p.156). Estudiaremos el caso de la dictadura familiar de los Somoza en Nicaragua y la de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana.
A cada dictador daremos un capítulo y luego englobaremos las similitudes de sus atrocidades en una conclusión que demostrará el carácter de complicidad entre los gobiernos nacionales y la sincronización en sus esfuerzos por crear una hegemonía capitalista por medio del genocidio.
Consideraremos el contexto histórico en el cual fue cometido el genocidio en cada país. El acenso al poder de los dictadores militares es prueba de su mando ilegítimo sobre el pueblo y esto a su vez pudo servirles de causa para mantener al pueblo apaciguado por medio de los actos de horror. También estudiaremos algunas de las agencias de gobierno que llevaron a la práctica la “desaparición” forzada, la tortura y los homicidios extrajudiciales que desenbocaron en el genocidio.
El 11 de septiembre de 1973 fue el día del golpe de estado que propinaran las Fuerzas Armadas de Chile al gobierno, constitucional y democráticamente electo, de Salvador Allende. Su programa anti-imperialista por medio del desarrollo del capitalismo de Estado a expensas de los intereses de sectores empresariales norteamericanos y de la oligarquía chilena, le trajo problemas con los sectores empresariales. “...todos los empresarios privados del país, la mayoría de los profesionales y un pequeño grupo de empleados se declararon en paro indefinido” mientras “Obreros, campesinos y empleados, reforzados por los estudiantes salieron a combatir el paro patronal” trabajando(Rojas, pp.154-155).
Resultaba que mientras los sectores minoritarios de las clases dominantes, “apoyados por la CIA (Acencia Central de Inteligencia)norteamericana”(Rojas, p.154), trataban de paralizar el país para llevar al país a una crisis de tal magnitud que obligaría al Presidente Allende a renunciar, “centenares de miles de obreros, campesinos, empleados y estudiantes se organizaron por su cuenta... para 'seguir adelante' en la lucha por destruir el poder económico, político y social del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena”. Al ver que Allende no cedía ante las presiones económicas, las Fuerzas Armadas de Chile junto con la CIA, decidieron que era prudente dar un golpe de estado.
Las Fuerzas Armadas habían sido adiestradas, preparadas, financiadas e influidas por las fuerzas armadas norteamericanas desde el 1952 cuando el entonces presidente firmara el Pacto de Ayuda Mutua con Estados Unidos(Rojas, p.18). Tanto el Ejército como la Fuerza Aerea, la Marina y los Carabineros, tenían su Servicio de Inteligencia que ayudaría a planificar lo que llegaron a conocer como los objetivos “alfa uno” y “beta uno”. El “alfa uno” era el cerco, ataque y toma del Palacio de la Moneda, con el propósitio de hacer prisionero a Salvador Allende y preparar después su 'suicidio' osea su asesinato para desmoralizar los focos de resistencia en el país(Rojas, p.13). El objetivo “alfa uno” constituía un claro homicidio extrajudicial pero nos concierne principalmente el objetivo “beta uno”.
El objetivo “beta uno” sería llevado a cabo por “comandos mixtos militares-organizaciones civiles fascistas” como la organización “Patria y Libertad”. El plan era eliminar a la oposición política. Habían dos listas en las cuales figuraban los 'extremistas', 'políticos de izquierda', 'periodistas marxistas', 'agentes del comunismo internacional' y los miembros destacados de las organizaciones vecinales, comunales, sindicales o nacionales. Además se pidió ayuda al Penágono para que se le proporcionaran al Ejército chileno las listas de la Agencia Central de Inteligencia de los chilenos vinculados con los países socialistas. Las personas no conocidas publicamente figuraban en las listas como 'motores del marxismo' y los que eran conocidos publicamente eran considerados como los 'dirigentes del marxismo'. Estas listas “eran muy detalladas: nombre, domicilio, edad, profesión, estado civil y amigos personales más cercanos (entre dos y cinco nombres generalmente)”(Roajs, P.231). La primera lista era de 20,000 nombres mientras que la segunda no pasaba de 3,000.
“Nosotros somos los cirujanos del país. Cuando un enfermo tiene cáncer en una pierna, se le extirpa y se salva el paciente. Nosotros estamos extirpando el marxismo... Estamos haciendo una operación quiruúrgica... Nuestra labor es humanitaria”(Rojas, p.247).
Bajo esta premisa se dió el apresamiento masivo, la instalación de lugares de torturas y de campos de concentración para los detenidos. Los arrestos se producían en los lugares de trabajo, en los barrios, en las universidades y las escuelas. En la mayoría de los casos, los arrestos eran negados a los familiares y se producían así las “desapariciones”. Conste que esta palabra es utilizada entre comillas ya que se da por sentado que la gente no “desaparece” sino que alguien conoce su paradero y lo oculta.
La ocupación militar de los principales barrios civiles de Santiago se dió con la excusa de que las organizaciones civiles que comenzaban a tomar forma bajo el gobierno de Allende planificaban llevar acabo una insurrección armada dando una especie de 'autogolpe' al gobierno. Cuando los elementos militares chilenos realizaban los allanamientos en las universidades y sitios de trabajo, “exhibían como 'armas encontradas': Largos listones de madera, cascos de obreros de construcción... y herramientas de trabajo personales, calíficandolos de 'objetos contundentes'” (Rojas, p.189).
Los estadios deportivos se habilitaron como campos de concentración para los detenidos. Allí muchos chilenos aseguran que los “torturadores militares, graduados en la escuela de las Américas en la Zona del Canal” sometían a los presos a tratos crueles antes, durante y después de los interrogatorios en los cuales los oficiales insistían en preguntar “en donde están las armas”. Comenzaron a aparecer decenas de cadáveres de hombres, mujeres y niños “sin cabella, degolladas, con las manos atadas a la espalda”, a veces “estaban con las uñas arrancadas, las piernas quebradas o los testículos reventados...con los ojos quemados, al parecer con colillas de cigarrillos”.
Según relata Robinson Rojas en su libro Estos mataron a Allende: Reportaje a la masacre de un pueblo “otra forma de tortura habitual practicada por los oficiales de los Servicios de Inteligencia militar... era el apagar cigarrillos encendidos en el ano de la víctima; así como la aplicación de corriente eléctrica en los oídos, ano y testículos”(p. 259). Las mujeres eran desnudadas y los oficiales se las “manoseaban” y les aplicaban electricidad en la boca, manos, pezones, vagina y a veces les desparramaban agua sobre el cuerpo para que el dolor fuera mas intenso. Hubo violaciones grupales e individuales en las cuales los oficiales las insultaban y les decían cosas como “muévete puta marxista” (p.262). La tortura era tanto física como sicológica en la degradación por medio de insultos y epítetos.
A veces, cuando la tortura era muy intensa, las víctimas fallecían, muchos morían siendo agolpeados convirtiendose la tortura en homicidio extrajudicial. O sencillamente se cometía el homicidio. En algunos casos “los fusilados habían sido condenados pocos días antes a reclusión carcelaria”. En ocasiones llevaban a los presos en barcos de transporte y el barco “Salía...en la noche hasta alta mar y fusilaban en cubierta. Luego tiraban los cadáveres por la borda tras abrirles el pecho con bayoneta 'para que no floten los conchas de su madre'” (p.259). Así se daba el caso de que los “desaparecidos” nunca aparecieran. Estas atrocidades ocurrieron bajo el encubrimiento del gobierno chileno y quienes las llevaron acabo lo hicieron con impunidad. Al día de hoy, el jefe de la Junta Militar que gobernó luego del golpe a Allende, Augusto Pinochet conservó su impunidad al enfrentar las acusaciones por crímenes de genocidio en la corte, y murió de viejo en su cama de seda.
Según Pedro Joaquín Chamorro nos explica en su relato personal, Estirpe Sangrienta: Los Somoza la carrera política de Anastasio Somoza “fue hija de la ocupación norteamericana en Nicaragua. Los interventores crearon un ejército eficiente y fuerte, y al cabo de su misión, lo dejaron a él como hombre fuerte dentro del ejército” (p. 58). En 1934 ordenó matar a Augusto César Sandino, luchador nicaraguense en contra de la ocupación norteamericana. En 1936 tomó el poder, que perpetuó mediante cambios a la constitución y fraudes electorales. Aparentemente se llevaba a cabo la práctica de “invertir las cifras, o de contar los votos sin examinar el nombre del candidato que aparecía en ellos”(p.59).
Como en todos los países latinoamericanos bajo el control de dictaduras militares, se aparentaba ser una democracia. La democracia de los Somoza tenía carácter dinástico ya que sus familiares más cercanos ocupaban los altos puestos de gobierno y sus hijos figuraban como sucesores en el poder. En 1956 “un muchacho llamado Rigoberto López Pérez había dado cuatro balazos al general Somoza” (p. 32) hiriéndolo de muerte. Aparentemente Anastasio Somoza había creado una lista de todos los opositores que tendrían que pagar con su vida, si llegaba a verificarse un atentado contra su vida (p.36).
La cacería humana sería llevada acabo por la Guardia Nacional que junto con la Oficina de Seguridad fueron “entrenadas por la Infantería de Marina de los Estados Unidos, mientras esta última ocupaba militarmente el país”(p.34) y escuelas militares norteamericanas como West Point. Antes del amanecer estaba detenido “medio Managua”. Los detenidos eran llevados a lo que llamaban el “cuarto de costura” donde eran sometidos a interrogatorios severos. Cuando el interrogado no hablaba era desnudado totalmente, era golpeado en todas partes del cuerpo, eran sometidos a “ejercicios físicos hasta un límite de agotamiento total”, eran aplicados “contra los ojos focos luminosos” que quemaban las pupilas, la piel y causaban dolores de cabeza inimaginables.
El autor explica como al despertar se daba cuenta una mañana que “donde mis fatigados ojos se estaban despertando.. era un jardín zoológico en donde había hombres encerrados en jaulas junto con fieras” (p.86). El efecto sicológico de terror que esto causa en la mente de cualquiera que lea esto, contrasta drásticamente con la forma casual en que los hijos y nietos del dictador muerto se paseaban por enfrente de las jaulas. Otras formas de tortura eran el pozo en cual eran sumergidos los interrogados hasta casi el punto de la asfixia para “refrescar su mente” y hacerlos hablar tanto lo que sabían como lo que se inventaban y la típica aplicación de electricidad en puntos estratégicos del cuerpo.
A veces estos tratos crueles desembocaban en la muerte de las víctimas. Según Chamorro, “ir a la Corte representaba un gran alivio, porque era lo mismo que salir a la luz, que entrar al mundo de los vivos”, y asegura que aunque existen excepciones, “una vez los prisioneros de los Somoza son llevados ante una Corte ya han salvado la vida” (p.115-116). En este caso se dibuja una línea clara en la cual una vez el prisionero es llevado ante la justicia, su vida es salvaguardada pero ántes de llevarse a cabo el proceso de ley, está expuesto diariamente a convertirse en otro número más en la lista de homicidios extrajudiciales.
Como en la mayoría de los casos de torturas y ejecuciones políticas en las dictaduras de Latinoamericanas, los crímenes fueron encubiertos por el gobierno. A veces se daba la excusa del suicidio de las víctimas o de asesinato bajo otras condicioines. Los que llevaron acabo el genocidio de la oposición política, lo hicieron con aparente impunidad. Tanto los partidos de oposición de derecha como los de izquierda sufrieron la persecusión gubernamental. Se trataba de crear una hegemonía de la familia Somoza y proteger la propiedad privada de ésta familia, que en este caso, era el Estado de Nicaragua.
Rafael Leónidas Trujillo fue presidente en la República Dominicana y en un momento “llegó a dominar todo el país...como una finca privada” (Peña, p. 39). Según Victor A. Peña, Trujillo obtuvo el poder por medio del engaño. Siendo la principal figura militar del país a principios de 1930 surgió un “levantamiento” en Santiago y los “rebeldes” avanzaron hacia la capital forzando la renuncia del entonces presidente. El “levantamiento” era una farsa de Trujillo, quien luego figuró como único candidato a la presidencia en las elecciones (Peña, p.47-48).
El Servicio de Inteligencia Militar fue el organismo represivo del gobierno de Trujillo. Este organismo preparaba ficheros confidenciales “con los nombres, direcciones, y un breve historial de todos los 'enemigos'” (Peña, p.109), también “se le encomendaba 'la eliminación' de los que eran considerados enemigos y, además... podía matar impunemente” (Peña, p.113). Los jefes de esta agencia eran usualmente graduados de la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos. Aunque legalmente “no existía la pena de muerte en la República Dominicana... se aplicaba... luego la víctima aparecía como suicida, víctima de un accidente, o simplemente no aparecía...”(Peña, p.20).
El 14 de junio de 1959, se produjo una invasión al territorio dominicano por guerrilleros que eran apoyados por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Luego de ser detenida la invasión y fusilados los invasores, la ola de represión sería volcada sobre el pueblo dominicano que se organizaba a nivel nacional bajo el nombre “Movimiento 14 de Junio” (Peña, p.262). Según cuenta Victor A. Peña en su libro Historia oculta de un dictador: Trujillo, cuando los sospechosos eran detenidos, ya estaban condenados. “...no los he llamado 'acusados'. Ni siquiera puedo llamarlos 'los interrogados'. Cuando llegaban hasta allí, ya estaban condenados. Salir vivo era pura casualidad” (p. 264).
Los detenidos eran sometidos a torturas. Aguardaban desnudos y eran golpeados con palos. Cuenta el autor que “algún cobarde, pretendiendo eludir su dosis de tortura, se tornaba en cooperador con sus verdugos, llegando al extremo de prestarse para torturar a sus propios compañeros” (p. 271). Se atacaba la integridad moral de los detenidos:
“El Coronel, quizás para satisfacer sus torcidos impulsos homosexuales contrató un homosexual para obligar a muchos de los presos a adoptar posturas homosexuales, estando desnudos, tomándosele fotografías en ese instante. Estas fotos servirán luego, cuando se les pusiera en libertad, para chantajearlos, amenazando con distribuir copias de las fotografías entre novias, esposas, padres, madres, hermanos y relacionados”(p.274).
Los métodos de tortura medieval y de tortura moderana que se aplicaban daban resultado y la “lista de implicados” iba en aumento constante. Ante la presencia de una silla eléctrica y de un paredón de fusilamiento que acabaron con la vida de cientos de dominicanos disidentes del régimen de Trujillo, era difícil mantener el silencio.
El Servicio de Inteligencia Militar utilizaba “tácticas comunistas para combatir el comunismo con sus propias armas”. En el trato a los miembros del Movimiento 14 de Junio se siguió la lógica de que “o se aplasta la conspiración o ellos nos aplastarán sin piedad”. Según Peña, Trujillo “Ofreció el ejemplo de Cuba, donde casi toda la oficialidad fue llevada al paredón por los seguidores del Movimiento 26 de Julio de Fidel castro. Este era el movimiento que los del 14 de Junio estan copiando...”(p.266).
Trujillo se decía ser “el archi rival del comunismo”. Le bastaba decir que alguien era “comunista” para ordenar su eliminación. Tal fue el caso de las hermanas Mirabal. Luego de haber rechazado acercamientos de parte del “Generalísimo” (como se hacía llamar Trujillo), Minerva Mirabal, junto con su hermana, su esposo y el resto de su familia fueron víctimas de la más fiera persecusión. Las hermanas Mirabal “fueron muertas a palos... Sus cadáveres fueron colocados en el 'Jeep' y el vehículo fue despeñado por un precipicio cercano... Se simulaba un accidente automovilístico fatal, sin sobrevivientes” (p. 291). De esta forma se continuaba con el patrón de encubrimiento de los asesinatos extrajudiciales por parte de los gobiernos militares Latinoamericanos.
A parte de los esfuerzos oficiales coordinados entre los gobiernos militares en América Latina para lograr la eliminación de la oposición política como lo fue el Operativo Cóndor, se puede trazar un patrón de acción similar en la forma de proceder de las dictaduras militares ante los grupos de oposición. Por las similitudes en los métodos y razones utilizadas para llevar acabo las “desapariciones” forzadas, torturas y ejecuciones judiciales durante las dictaduras militares en América Latina podríamos pensar que éstas estaban vinculadas entre sí por su deseo de crear una hegemonía capitalista por medio del genocidio de los grupos de oposición a dicho sistema. Siguen los razgos comúnes que comparten muchos de los gobiernos militares en su quehacer político.
Fueron creados organismos de inteligencia como los Servicios de Inteligencia Militar en Chile y República Dominicana y la Oficina de Seguridad con el fin de recopilar información sobre los disidentes políticos. Los oficiales de estos servicios de inteligencia usualmente eran adiestrados en la Escuela de las Américas en la zona del Canal de Panamá, o en la Academia militar de West Point en los Estados Unidos, ambos centros de adiestramiento son administrados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Obviamente en estos lugares, los oficiales eran educados en las doctrinas anti-comunistas que luego les servirían en su misión de reprimir a las personas que profesaran las ideas comunistas.
Los servicios de inteligencia en los diferentes países redactaban listas, donde figuraban los nombres de los “enemigos” del gobierno que debían ser velados o detenidos. Cuando un disidente es detenido ilegalmente, osea sin órden de algún tribunal, y las agencias que lo privan de su libertad, niegan la detención, se produce lo que llamamos una “desaparición” forzada. El detenido es usualmente llevado hacia un lugar de detención clandestino en donde es sometido a interrogatorios que son acompañados de torturas.
Los torturadores llevan acabo su práctica en formas físicas tanto como sicológicas. Aparentemente la desnudez es el primer paso. El obligar al detenido a quitarse la ropa tiene un claro efecto sicológico, se le causa a la víctima un sentimiento de vulnerabilidad. Los detenidos son insultados, así se causa daños al autoestima de los sujetos. De la agresión sicológica usualmente se pasa a la agresión física, que incluye desde el empleo de los golpes hasta la violación. Al parecer una de las formas más populares de tortura es la aplicación de la electricidad.
Son miles los casos de personas que murieron durante las torturas, por asfixia, por los golpes y hasta de ataques cardiacos. Son más aún los que mueren baleados sencillamente. Usualmente las “desapariciones” forzadas terminan siendo homicidios extrajudiciales ya que para los dictadores, el silencio es asegurado mejor por el homicidio que por la tortura o el encierro.
Al negar el conocimiento sobre el paradero de un “desaparecido”, el gobierno ya no tiene que dar más explicación sobre el caso. Probablemente la mayoría de los casos de “desapariciones” forzadas son también el encubrimiento gubernamental de casos de homicidio. La actitud encubridora del gobierno ante las ejecuciones extrajudiciales hace casi imposible el cálculo exacto de la cantidad de personas que fueron víctimas del gobierno pero podemos estar seguros de que la cifra ronda los cientos de miles de opositores políticos asesinados o “desaparecidos”. El encubrimiento gubernamental también hace posible la impunidad de quienes cometen los crímenes. Al estas personas no ser procesadas debidamente, se crea una sed de justicia en el pueblo que sufre los efectos del genocidio y que hace difícil el sanar las heridas de éste.
Son numerosas las coincidencias en las prácticas ilícitas llevadas acabo en numerosos países de América Latina durante el tiempo en que las dictaduras militares encabezaran los gobiernos. También fueron similares las razones dadas para llevar acabo las “desapariciones” forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Se trataba de perpetuarse en el poder a expensas del pueblo que, sin duda, se organizaba y efectuaba reclamos de justicia social y de derechos civiles. Resultaba esencial, para perpetuar el poder, recurrir al miedo. Que el pueblo no se rebelara por miedo. Así se hacían cada vez más notorias las historias de las torturas y de la violencia inclemente del gobierno.
En considerar la naturaleza de las “desapariciones” forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en América Latina durante el tiempo de las dictaduras militares y al notar que estas prácticas fueron llevadas a cabo con el fin de destruir, total o parcialmente, a los sectores más progresistas y los cuadros políticos de izquierda más desarrollados de su tiempo y espacio podemos deducir que los gobiernos militares recurrieron al genocidio para crear un ambiente de dominación política y de hegemonía del sistema económico capitalista, que perdura hasta hoy en día. Decadas después, y sin obviar las atrocidades que se cometen en el presente en diferentes partes del mundo, podemos decir que en América Latina se aleja de la larga noche en que fue sumida y que brillan los primeros destellos del ALBA (alternativa bolivariana para las américas).
Obras Citadas
Amnistía Internacional. Desapariciones forzadas y homicidios políticos: La crisis de los derechos humanos en los noventa. Manual para la acción. Madrid: Cosmoprint. 1994.
Boccia, Paz, et al,”Carta del comandante de la DINA, general Manuel Contreras, al jefe de estado mayo paraguayo, general Benito Guanes Serrano”.Archivos Paraguayos, Archivador 245, p. 156. 1977.
Chamorro, Pedro Joaquín. Estirpe sangrienta: Los Somoza. Mexico: Diógenes. 1957.
Peña Rivera, Victor A. Historia oculta de un dictador: Trujillo. Madrid: Mateu Cromo. 1977.
Rojas, Robinson. Estos mataron a Allende: Reportaje a la masacre de un pueblo. Barcelona: Ediciones Martínez Roca. 1974.
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