La verdad es que hicimos de todo. Nos vestimos de árboles, de peces y de
tortugas. Así protestamos en las
oficinas del Departamento de Recursos Naturales. El colectivo Vanguardia Artística
Revolucionaria pintó un mural en nuestro vagón de almacenaje. Estábamos en los tribunales. Los hicimos retirar las solicitudes de
permisos, pero nunca desistieron [ni han desistido aun] de sus intenciones de
apropiarse de ese pedazo de tierra.
Lo más que les molestó, fue que detuvimos
la construcción [físicamente], eso los llevaría a legislar sobre el asunto, lo
que discutiré en una parte posterior.
Pasados casi diez años desde ese martes,
15 de marzo de 2005, me llegó una carta de la Escuela. Había sido aceptado en la Sección Ambiental
de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad. Ya para este entonces estaba recortado, pero
conservaba la barba, pues afeitarme me irritaba el cutis. Entonces lo vi todo más claro.
Estábamos los estudiantes, la comunidad,
los grupos ambientalistas, y los profesores contra el PNPPD y sus aliados
capitalistas.
Los capitalistas eran el magnate hotelero,
Hugh Andrews, así como otros usual
suspects: The Ferrer Group, Inc, Eduardo Juan Ferrer Ramírez de Arellano, y
Eduardo Ferrer Bolivar, entre otros, quienes aparecían como co-deudores
solidarios del préstamo hipotecario del First Bank.
Ya lo sabía desde el principio, pero
ahora podía ponerles nombres y apellidos.
En un principio, el Lcdo. José Alfredo Hernández Mayoral, ex candidato a
la gobernación por el Partido Popular, representaba a HR Properties, Inc. En una entrevista le preguntaron cómo
armonizaba sus aspiraciones políticas y el compromiso que ello debía
representar, con su posición en el caso, defendiendo la enajenación ilegal de
nuestros recursos naturales. En ese
entonces se expresó como todo un político: “[...]no puedo ver una contradicción
entre el desarrollo económico y los mejores intereses de Puerto Rico”.
En 2005, un juez de Carolina había declarado nulo
el contrato, por constituir el mismo una enajenación de facto de bienes de
dominio y uso público ubicados en la Zona Maríatimo Terrestre.
En 2010, se reabrió el caso, para concederle
participación a FirstBank. Este era el
acreedor hipotecario que estuvo ausente en el primer pleito. Al ser reabierto el caso, la juez a quien fue
asignado el mismo, reconoció la
legitimación de los vecinos, pero falleció antes de emitir una decisión
final.
El caso pasó a manos de otro
juez, quien se llevó el pleito a Río Grande.
Allí se discutieron las razones y los por qués. Con el cambio de
administración hacia el Partido Nuevo
Progresista, las agencias que en un momento impugnaban la validez del contrato
[particularmente la Compañía de Parques Nacionales], de la noche a la mañana habían cambiado de parecer. De repente sostenían que el Contrato era
válido y desistían de sus reclamaciones. El juez había sido
recientemente confirmado por Fortuño. Pero allí se tenían que discutir las
razones.
Lo recuerdo como ayer.
El Lcdo. José Andreu Fuentes, [hijo del ex juez presidente del Tribunal Supremo,
nombrado por Rafael Hernédez Colón], sudaba, mientras se le acababan las
balas. Sabía que si no hacía el delivery, McConnell y Valdés se iba a
quedar con su cuenta.
Apuntaba hacia mis
compañeros y compañeras del campamento, a Benito, a Iris, a Mario, y a
Tito. Decía que eran invasores, que
actuaban ilegalmente, que debían ser removidos, que permitir ese tipo de
acciones era permitir que la anarquía reinara sobre las leyes.
El Lcdo. Saade lució
bien y esbozó los argumentos jurídicos con claridad y dominio de la práctica forense. La Lcda. Fontánez Torres, con la
mezcla de su carácter fuerte y tierno, evitando con gracia envidiable las
innumerables interrupciones de Andreu, defendió el derecho a la
desobediencia. Le viró la tortilla a
Andreu. Los grupos ciudadanos y
ambientalistas que llamaba anarquistas y extremistas, no eran tal cosa. Le refrescó la memoria de que estos
ciudadanos actuaban en su legítimo derecho de hacer cumplir las leyes. Quienes actuaban al márgen de la ley eran los
demandados, con la complicidad del gobierno.
El juez determinó que
los terrenos en cuestión no son playa, no son zona marítimo terrestre, no
habían sido destinados como balneario, ignorando toda la evidencia que obraba
en récord. Decidió que el contrato era
válido. Para determinar que no eran
bienes públicos se basó en el caso de San
Jerónimo Paseo Caribe v. ELA. No se analizó la evidencia, los mapas, ni el
informe pericial presentado, en sus méritos.
Sí se basó en una Opinión del entonces
Secretario de Justicia, el Lcdo. Pedro Pierluisi, hoy comisionado residente en
que como todo un leguleyo, nos metía por la cocina las Alianzas Público
Privadas, y las enajenaciones de nuestros bienes públicos a través de
arrendamientos a perpetuidad. Allí decía
Pierluisi: “...si bien es cierto que un arrendamiento no puede pactarse a
perpetuidad, una concesión como la que nos ocupa supone inversiones
considerables para la edificación en los terrenos cedidos, de hoteles,
balnearios, restaurantes u otros centros análogos, lo cual implica la necesidad
de que dichos arrendamientos sean a largo plazo”.
Usualmente, si no hay
legitimación activa, no se debe pasar a los méritos de la controversia, por
carecer el Tribunal jurisdicción para ello.
Ignorando cualquier tipo de lógica o estructura adjudicativa, luego de
resolver el asunto en sus méritos, el juez pasó a decir que los demandantes no
tenían legitimación activa. Que los
daños que reclamban los ambientalistas y residentes de la zona eran "abstractos"
e "hipotéticos". Surf
Rider Foundation v. ARPE, nos terminó
jodiendo. Parece ser que ahora, para
tener legitmación activa en un caso ambiental, te tienen que construir encima
de la cabeza.
El Tribunal de
Apelaciones denegó el recurso de revisión.
El Campamento sigue en pie y la construcción detenida. A Andreu,
como quiera, le quitaron la cuenta. Creo
que se la dieron a McConnell. Ironías de la vida.
